Sólo en la educación puede nacer la verdadera
sociedad humana y ningún hombre vive al margen de ella.
PAULO FREIRE
En 1917, en medio del proceso revolucionario,
Venustiano Carranza llamó a la conformación de un congreso constituyente con el
fin de poner fin a la Revolución Mexicana, de cuya iniciativa resultó la
Constitución Mexicana de 1917; en ella, se garantizó “EL DERECHO A LA
EDUCACIÓN” como instrumento detonante del desarrollo social, principio rector
que décadas después marco la política de Lázaro Cárdenas, en cuyo sexenio nació
el Instituto Politécnico Nacional y las Normales Rurales tuvieron su auge.
En 1989, en un contexto de hegemonía norteamericana,
se establecieron 10 puntos que lo países en desarrollo debían aplicar con
objeto de adquirir la civilización que el Neoliberalismo proveía; el llamado “CONSENSO DE WASHINGTON”, imponía 10 reglas
básicas que promueven la estabilidad macro económica, la libertad de comercio e
inversión, la reducción del Estado a su función administrativa, y la expansión
de las fuerzas del mercado dentro de las economías nacionales, lo que implicó
para dichos países extinguir sus políticas sociales, entre ellas la educación,
la salud, los derechos laborales, la seguridad social, entre otras.
EL 26 de Febrero de 2013, el Gobierno de Enrique Peña
Nieto publicó en el Diario Oficial de la Federación la llamada Reforma Educativa,
instrumento normativo que se compone de una serie de preceptos legales que
modifican las condiciones de trabajo y derechos laborales de los Profesores
adscritos a la Secretaria de Educación Pública.
Desde su publicación la ley en cita ha gozado de descrédito,
inaplicabilidad y resistencia, cuya expresión significativa se hizo evidente el
pasado 20 de junio de 2016, en Nochixtlan, Oaxaca.
La confrontación física entre los policías y los
Educadores y el pueblo, representa en realidad, la confrontación de dos
concepciones distintas de una sociedad, la primera que retoma las décadas y
siglos de conquistas sociales, político-culturales y económicas que empoderan a
los gobernados a través de políticas sociales y la otra que empodera los dueños
del dinero, cuya expresión jurídica en América Latina, se identifica como el
Estado de Violencia Civilizadora.
El Estado Civilizador o de Violencia Civilizadora, es
un modelo jurídico de imposición y supresión de derechos que se implementa en
los países en desarrollo, es una modalidad que adopta un Estado como forma
alternativa de dar sentido a la vida; el Estado, sus aparatos y sus
representantes son la representación de la identidad moral, ello significa que
las prácticas sociales de este grupo se vuelven ley.
La ley resulta ser la representación identitaria de
los intereses y valores del grupo en el poder “esto no quiere decir . . . que
sea la justicia, . . . {se} trata(r) de construir un modus vivendi
que podría incluir la amenza o incluso el uso de la fuerza” [1]
En el Estado de violencia civilizadora no hay cabida
para la justicia, para la razón o la verdad; se opta por la justificación como
instrumento racional, concebida bajo los parámetros de la conveniencia, el
silogismo jurídico para la aprobación, creación o modificación de la ley es:
SI CONVIENE A NUESTROS INTERESES ENTONCES ES LEGAL,
AL SER LEGAL ENTONCES EL SOMETIMIENTO DE LOS PARTICULARES SE JUSTIFICA; PARA EL CASO DE RESISTENCIA ENTONCES PROCEDE
LA SANCIÓN O LA COERCIÒN.
El imperio de Ley se aplica a través del uso de la
coacción o de la violencia coercitiva, la coacción se instrumenta a través de
las sanciones legales, y cumple una función inhibitoria de la resistencia
social, colocando al grueso social en un estado de aislamiento, haciendo que su
interés se individualice, creando la percepción de que la afectación es sólo para él; el objetivo redunda en el acatamiento
paulatino del interés que representa la ley.
En tanto que la violencia coercitiva es el medio que
obliga a un conjunto organizado o espontaneo al cumplimiento del interés que
representa en la ley mediante el uso de amenazas, la fuerza o la violencia
incluso desmedida, este recurso persigue extinguir la oposición, anular la
crítica, genera un aislamiento desmotivacional y la imposición de un modo ser y
pensar único.
Es importante precisar que el uso de dichos medios (sanción
o violencia) presuponen la ausencia de un juicio racional, los que los vuelve
salvajes y los hace presumiblemente irracionales, opositores, criminales y/o enemigos
de la Civilización.
Bajo esta concepción el uso de la coacción o la
violencia tiene un caris civilizador, de reconstrucción y empoderamiento del
tejido social, por lo que el Estado debe hacer uso de la fuerza coactiva o el
uso de la violencia incluso desmedida, pues existe justificación (insuficiente
o suficiente) y solo mediante su uso puede llegarse a la Paz, al confort y al
disfrute de todos los Derechos e intereses concebidos desde el Estado.
En el Estado Civilizador, la legalidad y la justicia
se vuelven conceptos indefinidos, pues su contenido es autorreferencial y
maleable, cuyo contenido semántico es definido por el grupo en el poder y varía
según los intereses en turno; en tal sentido, la oposición, la diferencia, la
crítica, lo otro o lo alterno, no puede concebirse ni existir.
En ese contexto no
existe cabida a los Derechos, ni la educación, pues “sólo en la educación
puede nacer la verdadera sociedad humana y ningún hombre vive al margen de
ella. Por consiguiente, la opción se da entre una educación para la
domesticación alienada y una educación para la libertad”[2]
optando el Estado de Violencia por la segunda pues la Educación y los Derechos
de los trabajadores de la educación representan una posibilidad altamente
materializable de crítica, de oposición del pensamiento único que desde el
Estado se promueve y un nido de voces discordantes que exigen la construcción
de sociedades de Derechos, transparentes y de rendición de cuentas, por lo que
su sanción o coerción se vuelve una razón de Estado.
En tal contexto los hechos de violencia acontecidos
en Nochixtlan, Oaxaca, resultan una violación al Estado Civilizador y no una
claro clamar popular que pone en evidencia la ausencia de LEYES CON ARRAIGO
SOCIAL, QUE REPRESENTEN LOS INTERESES DE LA MAYORÍA Y QUE ABONEN EN EL EMPODERAMIENTO DE LOS GOBERNADOS.
En este contexto de clara ilegalidad, de ausencia de
respeto de Derechos y de oposición de intereses minoritarios a los de la
mayoría, la partición de todos se vuelve indispensable.
